La funcionaria de Diputados, Anadelia Acosta Armoa, una de las que “ya está mejor” con el cartismo, es investigada por la fiscala Norma Salinas por presunta apropiación de G. 725 millones de indemnización que debían recibir dos humildes familias de Caaguazú. Ayer se dispuso su cese de comisionamiento y un sumario, mientras sigue en el cargo.
Funcionaria cartista de Diputados es vinculada en un millonario despojo
, que figura como funcionaria “asesora” de la Cámara de Diputados, hasta ayer comisionada a la “Secretaría de Mujer” de la municipalidad de R.I. 3 Corrales, Caaguazú, está en la mira de la Fiscalía por presuntamente apropiarse de gran parte de una indemnización de G. 800 millones que otorgó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dos humildes familias de la compañía Jagua Kai (Repatriación), que perdieron a su sostén de familia, al morir electrocutados por un cable de alta tensión.
Acosta Armoa, que en sus redes sociales aparece posando en fotografías con autoridades cartistas, como el vicepresidente Pedro Alliana, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, el diputado y vicelíder de bancada de Honor Colorado, Miguel del Puerto, y el colorado “independiente”, Arnaldo Samaniego, entre otros, es señalada como supuesta “gestora” y presunta mayor beneficiada por la millonaria indemnización para las familias de las víctimas: Antonio Acosta Contrera y Mariano Ramírez Casco.
Según la fiscala Norma Salinas, a la familia de Acosta Contrera solo entregó G. 45 millones y a la de Ramírez Casco, G. 30 millones, y se habría quedado con G. 725 millones. Se dice “abogada” pero no obran registros oficiales de dicho título.
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