Tras el asesinato del ex diputado suplente del Partido Colorado por Amambay, Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, nuevamente salta a relucir el débil trabajo investigativo de la Fiscalía y de la Justicia para perseguir a políticos que han sido acusados por la Senad de estar vinculados al narcotráfico. Chicharõ estuvo preso por lavado de dinero, pero fue liberado pronto por un juez y siguió manejando los oscuros negocios, hasta que acabó siendo acribillado. Otros nombres que fueron expuestos en una recordada sesión del Congreso, en el 2014, siguen activando libremente en política, ocupando cargos públicos y figurando en las listas de candidatos sin ningún problema. Es una situación que fortalece la impunidad y coloca al Paraguay en la mira de organizaciones internacionales que miden los niveles de corrupción y de debilidad jurídica institucional.
El brutal asesinato del ex diputado colorado suplente por Amambay durante el anterior periodo legislativo, Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, ocurrido la semana pasada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, puso de nuevo en debate el débil trabajo investigativo de la Fiscalía y de la Justicia para perseguir a políticos que han sido acusados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y por una comisión legislativa de estar vinculados al narcotráfico.
Tras la conmoción causada por el asesinato del periodista del diario ABC Color Pablo Medina, por sicarios al mando del intendente colorado de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, en el 2014, el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, siendo entonces senador había presentado en una sesión, con respaldo del entonces ministro de la Senad, Luis Rojas, un detallado informe sobre el narcotráfico y sus vínculos políticos. En la lista que se presentó ante el Congreso se incluía explícitamente a Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, como al diputado titular por Amambay, Marcial Lezcano, al igual que...
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