El Ministerio Público imputó a Santiago Peña, Carlos Carvallo, Holger Insfrán, Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora por presunta asociación criminal en el caso Ueno Bank. La hipótesis fiscal apunta a una estructura organizada dentro del propio Estado que habría utilizado el poder político, la supervisión bancaria y las decisiones del Banco Central del Paraguay (BCP) para proteger los intereses del grupo financiero, mientras la entidad continuaba recibiendo dinero de ahorristas y organismos públicos.
El acta de imputación coloca a Peña como supuesto jefe de esa estructura y distribuye responsabilidades entre quienes ocupaban los principales cargos del organismo regulador. Los fiscales describen una actuación coordinada que habría impedido adoptar medidas oportunas entre junio y octubre de 2026, pese a la existencia de advertencias técnicas sobre créditos vinculados, operaciones presuntamente prohibidas y problemas de solvencia.
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