El Ministerio Público presentó de manera oficial el Acta de Imputación N.º 7 en el marco de la Causa Penal
El Ministerio Público presentó de manera oficial el Acta de Imputación N.º 7 en el marco de la Causa Penal N.º 92/2026, imputando al expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por la supuesta articulación de un esquema sistemático de desvío de recursos estatales en beneficio directo de ueno bank S.A.
La calificación jurídica atribuida por el equipo de agentes fiscales ubica a Santiago Peña Palacios en calidad de instigador del hecho punible de Lesión de Confianza (Art. 192, inc. 1 y 2, en concordancia con el Art. 30 del Código Penal) y autor de Administración en Provecho Propio (Art. 8 de la Ley N.º 2523/2004). Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding fue imputado como autor de Lesión de Confianza, Producción Inmediata de Documentos Públicos de Contenido Falso y Administración en Provecho Propio.
De acuerdo con los elementos recolectados en la carpeta de investigación, entre los años 2023 y 2026 la entidad bancaria involucrada concentró una suma superior a los G. 3,6 billones (Gs. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones en colocaciones de entes públicos como el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja Bancaria, CAJUBI y la Caja de la ANDE. En el caso del IPS, se destaca la aprobación de compra de bonos por G. 250.000 millones efectuada en agosto de 2024, apenas 48 horas después de una reunión privada sostenida entre el entonces mandatario y el...
La Fiscalía documentó la existencia de conflictos de intereses directos, detallando que Santiago Peña conservó hasta marzo de 2025 un total de 6.144 acciones en Ueno Holding S.A.E.C.A. (1,58% del capital social), además de instrumentos financieros en la firma ITTI S.A.E.C.A., mientras su hermano figuraba en la estructura matriz constituida en Luxemburgo. Paralelamente, en mayo de 2024 el banco otorgó al exjefe de Estado préstamos por G. 3.548 millones con amortizaciones mensuales que sextuplicaban el salario presidencial.
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