En diciembre se cumple el plazo para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo definitivo en el sonado caso de megaevasión, nuevamente en boga a raíz de la decisión de los Estados Unidos de sancionar a la procesada Liz Paola Doldán, representante y accionista de Mobile Zone, por operaciones dudosas vinculadas al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi.
En esta causa, el Ministerio Público tuvo una dudosa actuación al propiciar una salida light para varios procesados, pero ante el nuevo escenario que se presenta a partir de la postura de los Estados Unidos, es probable que asuma su rol con seriedad y presente un requerimiento acorde a los hechos investigados.
Esta causa se inició a partir del Operativo Llamada, aparatoso procedimiento realizado el 23 de julio del 2019, que movilizó a numerosos fiscales y un sinnúmero de agentes policiales para la ejecución de órdenes de allanamiento simultáneo a 13 establecimientos de Ciudad del Este y dos de Asunción.
La intervención se realizó a partir de una denuncia realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación, sobre evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama por US$ 678.300.678.
La Fiscalía imputó a 15 personas por contrabando, lavado de dinero y asociación criminal, pero luego de lograr incluso prórroga extraordinaria para concluir su investigación, los agentes concluyeron con un pedido como mínimo llamativo.
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