La familia Jacquet, representada por el abogado Carlos Trapani, presentó un urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la acción de inconstitucionalidad promovida contra el fallo que excluyó a la querella del proceso penal seguido contra el empresario Eugenio Sanabria Vierci. La causa se originó tras el accidente ocurrido en […]
La familia Jacquet, representada por el abogado Carlos Trapani, presentó un urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la acción de inconstitucionalidad promovida contra el fallo que excluyó a la querella del proceso penal seguido contra el empresario Eugenio Sanabria Vierci. La causa se originó tras el accidente ocurrido en el año 2024 sobre la ruta Luque–San Bernardino, en el que fallecieron cuatro personas, entre ellas tres integrantes de la familia Jacquet.
Según explicó Trapani, la acción fue presentada hace seis meses contra una resolución del Tribunal de Apelaciones de Cordillera que dejó fuera del proceso al padre de Darío Jacquet, una de las víctimas fatales, quien había decidido intervenir como querellante tras el fallecimiento de su hijo. En ese momento, la defensa del acusado planteó que debían aplicarse las reglas del derecho sucesorio para determinar quién tenía legitimación para representar a la víctima en el proceso penal.
El juez de primera instancia rechazó inicialmente ese planteamiento, pero el Tribunal de Apelaciones acogió la tesis de la defensa y sostuvo que, conforme al régimen sucesorio, la hija de la víctima tenía un mejor derecho para intervenir en el proceso, lo que derivó en la exclusión de Severiano Jacquet como querellante.
El abogado señaló que lo que se discute ante la Corte es una cuestión de carácter procesal, penal y constitucional vinculada a la correcta aplicación de las leyes y, especialmente, al alcance de los derechos de las víctimas y de sus familiares dentro del sistema penal. En ese sentido, sostuvo que se trata de un debate que ya se ha planteado en otros casos de alto impacto público y jurídico, donde se analizó quiénes pueden intervenir, acceder a la investigación y ejercer la representación de los intereses de las víctimas.
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