El Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre de este año, la emergencia penitenciaria en todo el país con el apoyo en la seguridad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). La ley también habilita la gestión de recursos presupuestarios para obras de infraestructura, la compra de equipos tecnológicos de seguridad, de alimentos, contratación de personal, entre otros.
Extienden la emergencia penitenciaria con apoyo de fuerzas públicas
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó ayer la Ley N° 7629 que "declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del país y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas, derogando las Leyes Nº 7238/2023 y Nº 7420/2024”. La iniciativa fue presentada por varios diputados.
La normativa fue sancionada por el Congreso el pasado 4 de marzo. La emergencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.
El documento oficial refiere que autoriza al Ministerio de Justicia a adoptar las medidas administrativas extraordinarias en el marco de la emergencia penitenciaria, incluyendo la implementación de procesos de selección ágiles, diferenciados y excepcionales para la contratación de personal de carácter temporal, estrictamente necesario para garantizar la continuidad y seguridad del servicio penitenciario, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”.
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