La Contraloría General de la República (CGR) remitió una serie de notas a las instituciones encargadas de la atención primaria de la emergencia sanitaria contra el covid-19, en las cuales solicita informes sobre quiénes son los ordenadores de gastos y habilitados pagadores.
En los pedidos de informe, el ente contralor solicita a las diferentes instituciones la nómina de ordenadores de gastos y habilitados pagadores para poder hacer públicas las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de Bienes y Renta de estos funcionarios.
Es atendiendo a la sentencia del juez Raúl Florentín que obliga a publicar estos documentos presentados por todos los funcionarios públicos y proveedores vinculados a procesos de compra con dinero público durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
El magistrado Raúl Florentín hizo lugar a la acción de amparo constitucional presentada por David Riveros, director de la ONG reAcción; y María Esther Roa, de la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados; quienes fueron representados por los abogados Natalia Glagiardone Dos Santos y Federico Legal Aguilar contra la CGR.
De esta manera, el juez penal de Garantías ordenó la publicación en la página web institucional de la CGR la publicación de las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de las autoridades y funcionarios que estén mencionados en el artículo Nº 3 de la Ley 6524/20, que declara el estado de emergencia en el territorio nacional ante la pandemia del covid-19 y también de los proveedores contratados en este marco.
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