El asesor del presidente, Carlos Arregui, señaló que informaron a la Fiscalía y que están trabajando para transparentar el proceso de licitaciones con base en la Ley de Acceso a Información.
Toda la documentación sobre la polémica licitación y de otras anteriores vinculadas al servicio de seguridad fue derivada a la Fiscalía.
Arregui y su equipo recomendaron la instrucción de un sumario en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y el comité evaluador. Observaron indicios de que no se hizo el llamado de acuerdo con lo que se debía haber hecho. Explicó que conforme con las atribuciones y funciones en el artículo 13 de la Ley de Contrataciones Públicas podría existir una responsabilidad por parte de los componentes de la unidad operativa. “Por eso solicitamos el sumario para todos ellos. No encontrábamos y no está detallado quiénes participaron”, explicó Arregui.
El asesor del presidente indicó que plantearon separar las adquisiciones dividiendo el pliego en relación con los servicios solicitados en dos lotes, con el fin de lograr mayor participación y competencia. “Esto va a permitir la reducción de los montos que va a cotizar; también la posibilidad de que se presenten a la licitación mayor cantidad de oferentes”, remarcó.
FALTA TRANSPARENCIA. Arregui también detectó que la resolución por la cual el presidente de IPS, Armando Rodríguez, designó a los funcionarios que forman parte del comité de evaluación de las licitaciones públicas no se encuentra en el portal.
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