Un montón de providencias firmadas por la jueza de Paz de La Catedral, Segundo Turno, Nathalia Garcete y los actuarios, no tenían fecha. Esto viola el artículo 156 del Código Procesal Civil, concluyeron los auditores, luego de revisar 516 expedientes. En las secretarías se observaron groseras irregularidades. Una auditoría de reacción inmediata realizada en el […]
Un montón de providencias firmadas por la jueza de Paz de La Catedral, Segundo Turno, Nathalia Garcete y los actuarios, no tenían fecha. Esto viola el artículo 156 del Código Procesal Civil, concluyeron los auditores, luego de revisar 516 expedientes. En las secretarías se observaron groseras irregularidades.
Una auditoría de reacción inmediata realizada en el Juzgado de Paz del Distrito de La Catedral ha sacado a la luz una preocupante cantidad de irregularidades que afectan la transparencia y la eficiencia de su gestión jurisdiccional. Este trabajo, ordenado por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución N° 1739, abarcó también otros juzgados de la Circunscripción Judicial de la Capital, pero los hallazgos en este caso particular han generado gran alarma.
La auditoría tuvo como objetivo principal constatar la existencia de irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos y determinar a los responsables de dichas anomalías. En el caso del Juzgado de Paz de La Catedral, a cargo de la magistrada Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, la revisión se centró en las secretarías 3 y 4, a cargo de los actuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez y Pablo Matías Cabrera Irigoitia. La muestra incluyó 576 expedientes seleccionados al azar, los cuales fueron analizados por un equipo de profesionales del derecho entre el 29 de noviembre de 2024 y el 15 de...
Con relación a la magistrada uno de los problemas más graves detectados fue la existencia de providencias sin fecha en numerosos expedientes, pese a que contaban con la firma de la magistrada y de los actuarios. Esta práctica incumple lo establecido en el artículo 156 del Código Procesal Civil, que exige que toda resolución judicial contenga lugar, fecha y firma como elementos indispensables de validez.
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