En 2022 se agudizó la criminalización de la lucha por la tierra. En lugar de brindar protección y promover la calidad de vida de la población campesina e indígena, “el Estado solo da respuestas cada vez más violentas y punitivas”, resume el Informe sobre Derechos Humanos 2022, de la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) al abordar este aspecto.
“El fortalecimiento de una política represiva sigue siendo la respuesta estatal a la problemática de la tierra”, resalta el análisis realizado por Lis García y Abel García, investigadores de Base Investigaciones Sociales. No existen iniciativas institucionales que se dirijan hacia la democratización de la tenencia de la tierra en el país, además de la falta de un catastro para el saneamiento de las tierras que poseen doble titulación o que presentan título de origen dudoso, resaltan. “Se sigue privilegiando a las empresas, por encima de los derechos de las personas campesinas e indígenas en...
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