El caso a Ultranza Py, no solo se redujo al hecho del tráfico de cocaína desde Paraguay a Europa, sino que permeó las instituciones del Estado, ya que el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa fue acusado por favorecer a once empresas ligadas al supuesto contador del grupo criminal desmantelado.
La investigación del fiscal Silvio Corbeta apunto a , quien gozaba de prestigio por su trabajo y por su carácter afable, al punto tal que fue ministro de los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.
El otro punto de investigación fue Alberto Koube, , representante legal y propietario del Grupo Tapyracuai S.A., considerado por los antidrogas como el contador de un poderoso grupo de narcotraficantes, liderado por José Alberto Insfrán, alias Tío Rico, preso en la cárcel de Viñas Cue y Sebastián Marset, prófugo de la Justicia.
De hecho, la extracción de mensajes, producto de la investigación del caso a Ultranza Py, llevada adelante por el fiscal Deny Yoon Pak y agentes de la unidad Sensible de Investigación de la Secretaría Nacional Antidrogas permitió conocer cómo parte del dinero obtenido con el narcotráfico fue objeto de lavado con emprendimientos de la SEN
Todo esto ocurrió en el periodo de tiempo comprendido entre enero del 2018 a diciembre del año 2021, cuando Roa se desempeñaba como ministro de la SEN, durante el gobierno de Abdo Benítez, según la acusación del fiscal Silvio Corbeta, Roa benefició a once empresas ligadas a Alberto Koube con pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000,000 provenientes del fondo de emergencia., afirma el escrito.
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