El pasado martes, el Senado aprobó un proyecto de ley que pretende impedir que el presidente de la República pueda vetar la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN). La iniciativa va a contramano con la facultad que le otorga el art. 238 de la Constitución, de “vetar, total o parcialmente, las leyes sancionadas por el Congreso, formulando las objeciones u observaciones que estime convenientes”. La norma no exceptúa la Ley del PGN y la hermenéutica jurídica enseña que “no hay que distinguir donde la ley no distingue”. Lo resuelto por la Cámara Alta implica un grave atentado contra nuestro sistema de Gobierno republicano, y es obvio que una ley aprobada en tal sentido sería claramente inconstitucional porque rompe el equilibrio entre los Poderes del Estado en la cuestión presupuestaria. La fiscalización mutua de los mismos es de capital relevancia para la buena marcha del país. Por esa razón, la Cámara de Diputados debe rechazar el insólito despropósito perpetrado por la de Senadores, para preservar el régimen de equilibrio y recíproco control, en defensa del orden constitucional.
El pasado martes, el Senado aprobó un proyecto de ley que pretende impedir que el presidente de la República pueda vetar la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN). La iniciativa va a contramano con la facultad que le otorga el art. 238, inc. 4, de la Constitución, de “vetar, total o parcialmente, las leyes sancionadas por el Congreso, formulando las objeciones u observaciones que estime convenientes”. La norma no exceptúa la Ley del PGN y la hermenéutica jurídica enseña que “no hay que distinguir donde la ley no distingue”.
No vale señalar que los arts. 236 y 237 de la Carta Magna referidos al PGN omiten el veto presidencial, y que por eso la segunda parte del art. 19 de la Ley de Administración Financiera del Estado (LAFE), que sí se ocupa de él en materia presupuestaria, es inconstitucional y por ende debe ser eliminada, tal como lo hicieron los senadores, lo cual no modifica el fondo de la cuestión, pues la facultad de vetar la Ley del PGN no deriva de ella, sino de la propia Constitución.
La ley que regula el Consejo de la Magistratura dispone que sus miembros solo pueden ser removidos mediante el juicio político, aunque el art. 225 de la Constitución no los incluya, pero nunca ha sido atacada de inconstitucional por ese motivo. Tampoco la LAFE vulnera la Ley Suprema, más aun cuando solo hace referencia a una indudable atribución del Poder Ejecutivo, como lo es la de objetar las leyes aprobadas por el Legislativo.
La Ley del PGN tiene características especiales: el proyecto debe ser presentado cada año por el Poder Ejecutivo dentro de cierto plazo y solo puede ser rechazado por el Congreso, mediante una mayoría calificada. Estas notas distintivas sugieren que quien dirige la administración general del país –el presidente de la República– goza de claras prerrogativas en lo que hace al PGN. Para empezar, tiene la facultad exclusiva de elaborar el proyecto, considerando los anteproyectos entregados por las entidades públicas –salvo las municipalidades– al Ministerio de Hacienda, organismo técnico...
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