"El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina", sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, a principios de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el marco del Plan Control Territorial, el Gobierno de Nayib Bukele asegura haber detenido a más de 64.000 criminales y reducido drásticamente la tasa de homicidios.
Mientras el Ejecutivo defiende el régimen de excepción vigente desde hace un año, organizaciones humanitarias salvadoreñas han recibido casi 8.000 denuncias, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las imágenes del traslado de 2.000 supuestos pandilleros al recientemente inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 reos, dieron la vuelta al mundo y desataron un intercambio de tuits entre el presidente Nayib Bukele y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que comparó el penal con un "campo de concentración" para jóvenes.
En Twitter, Human Rights Watch (HRW) incluso acusó al Gobierno salvadoreño de haber negociado "beneficios con las pandillas a cambio de disminuir la tasa de homicidios y obtener apoyo electoral".
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