Roa dijo que la imposición de Rivas en el JEM y Bachi Núñez como titular del Congreso hasta 2028 son señales claras del deterioro de nuestra democracia. Lamentó que no exista voluntad política para enfrentar la corrupción.
Esther Roa es abogada, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), y activista social. Con su lucha incansable en contra de la corrupción imperante se ha ganado el respeto de jueces y fiscales por los pasillos de tribunales y el Ministerio Público. Periódicamente se encarga de seguir de cerca casos emblemáticos de corrupción cometidos por autoridades, valiéndose incluso del escrache a diversos actores políticos, aunque la activista reconoce que eso “ya no es suficiente”. Asegura que la Justicia está sometida al poder político y que el Poder Judicial tiene una grave falla...
A criterio de Roa, la Justicia paraguaya atraviesa una crisis profunda. Indicó que el Ministerio Público, con el monopolio de la acción penal, ha mostrado una gestión deficiente a cargo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, priorizando desestimaciones por sobre imputaciones en un país marcado por la corrupción.
“La falta de transparencia, rendición de cuentas y el nulo trabajo conjunto con la ciudadanía son la constante, lo cual demuestra el sometimiento del fiscal general del Estado a la clase política, pues estas deficiencias solo benefician a los corruptos”, aseguró.
La activista indicó que el Poder Judicial, compuesto por nueve ministros “sin coordinación ni criterios unificados”, opera sin una política criminal clara. “Cada ministro actúa de forma aislada, y algunos, como (César) Garay y (Víctor) Ríos, ni siquiera asisten regularmente a sus despachos, agravando la mora judicial”, cuestionó.
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