La labor de los periodistas suele ser molestosa –por decir lo menos– para aquella gente que tiene algún chanchullo que ocultar. Nada resulta más desestabilizador para los corruptos que el ejercicio libre del periodismo comprometido con la verdad, al servicio de su comunidad, de su país.
Para muchos políticos, funcionarios, y bandidos de toda laya, un mundo sin periodistas les resultaría más cómodo. Ya por algo lo primero que hacen los regímenes autoritarios y antidemocráticos es suprimir la prensa; la prensa independiente, por supuesto, y valga la aclaración porque también existe la prensa alquilada y periodistas funcionales a intereses que no precisamente responden al bien común.
La reflexión viene a cuento de un par de incidentes ocurridos la semana pasada en Itapúa, e involucra a los periodistas Fredy Chamorro, Hernán Núñez y Álvaro Báez, de una radioemisora de Tomás Romero Pereira, y al comunicador Fredy Leiva, de Mayor Otaño, a quienes les fue aplicada como mordaza una norma legal creada para la protección integral de las mujeres, la Ley 5.777/2016.
En el primero de los casos, ante las críticas periodísticas sobre la crisis sanitaria que afecta al distrito de Romero Pereira y la precariedad de medios del centro asistencial local para dar respuesta a la situación, su directora, Dra. Teresita Vega, interpuso una acción fundada en la ley 5.777.
La otra situación afecta al comunicador Fredy Leiva, de Mayor Otaño, denunciado por una concejala municipal de dicho distrito, Lourdes López (PLRA), también en los términos de la ley 5.777, como correlato de una denuncia penal por un supuesto sorteo irregular de un automóvil, que afecta a la concejala.
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