En medio de nuevos crímenes cometidos por bandas armadas que operan en el norte bajo la sombra de un estado de excepción permanente, en la Cámara de Senadores insisten en que la militarización de la seguridad pública ha fracasado y se necesita un nuevo proyecto que contemple una transición entre un modelo y otro.
Proverbios 10:9, en la versión de Reina Valera 1995 advierte que “el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto”. Hoy la militarización de la seguridad interna ha causado más de un sufrimiento, con víctimas de supuestos falsos positivos y el resultado no ha sido el esperado, porque los hechos atribuidos a organizaciones terroristas se han multiplicado.
Para entender porque mencionamos la cita bíblica, debemos recordar que el empleo de elementos militares en cuestiones de seguridad interna es claramente contrario a lo que reza la Constitución de la República. Es decir, se pervierte los artículos 173 y 175 de la Carta Magna. Y del sufrimiento que ha causado, y/o lo que no fue capaz de evitar, son innumerables. Testimonios de violación de Derechos Humanos se suman a la creciente cifra de muertes y víctimas de secuestro en Concepción, San Pedro y Amambay.
Es importante recordar que la militarización empezó cuando el Gobierno de Horacio Cartes, en el 2013, forzó la modificación de la Ley de Defensa Nacional, logrando la promulgación de la Ley 5036/13, aprobada y sancionada el 22 de agosto del 2013, con el que se habilitó la participación de militares en acciones de seguridad interna.
El senador Pedro Santa Cruz fue claro al señalar que el enfoque del abordaje de seguridad pública en la zona norte con el Comando de Operaciones de Defensa Interna – Fuerza de Tarea Conjunta no ha tenido el éxito esperado, a pesar que se presentó con gran triunfalismo.
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