Los trabajos de construcción del metrobús se interrumpieron a fines de octubre de 2018, cuando la empresa contratista Mota Engil comunicó esa decisión al MOPC. Días después achacó a las autoridades de dicha cartera la culpa por el paro, acusándolas de no cumplir el contrato al no liberar en tiempo oportuno las parcelas de la franja de dominio a ser afectadas por las obras, alegando además haber sufrido perjuicios que le debían ser resarcidos. Pero el MOPC siguió firmando adendas con la contratista, y el ministro Arnoldo Wiens optó por hacer pagar al Estado paraguayo el costo de la rehabilitación de la ruta afectada por los trabajos. Así, el ministro cumplió su palabra empeñada de que “del metrobús no iba a quedar ni el nombre”, pues, en efecto, las obras realizadas fueron demolidas y no quedan rastros. Pero lo que evitó decir es que no iban a aparecer culpables, y que el costo de la estafa se iba a cargar, una vez más, sobre las espaldas del contribuyente.
Los trabajos de construcción del metrobús se iniciaron en enero de 2017, hasta su intempestiva interrupción a fines de octubre de 2018, cuando la empresa contratista, Mota Engil, comunicó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la suspensión de los trabajos, alegando incumplimiento de pago. El 22 de dicho mes, en un extenso comunicado a la opinión pública, la constructora portuguesa deslindó responsabilidad al respecto, achacando a las autoridades de dicha cartera de Estado la culpa por el paro de los trabajos a que ella se vio obligada, al tiempo de acusarlas de incumplir...
Como es sabido, desde su inicio y hasta su suspensión, el proyecto del metrobús se convirtió en un desastre no mitigado que escandalizó permanentemente a la opinión pública nacional y se convirtió en un vía crucis para millares de personas, entre comerciantes y residentes a lo largo de ambas aceras de la ruta Mariscal Estigarribia, desde el campus de la Universidad Nacional de Asunción hasta donde alcanzó el avance de la obra (menos de la mitad de los 11,5 kilómetros previstos en el contrato) sin que las autoridades del MOPC movieran un dedo para atender los reclamos de la gente afectada,...
A tanto llegó la desesperación de los comerciantes que perdieron sus clientes, de los empleados que quedaron sin trabajo y de los residentes asentados a lo largo de la ruta que se volvió intransitable, quienes, ante los oídos sordos de las autoridades del MOPC a sus reclamos, se organizaron en piquetes de resistencia bloqueando el avance del frente de trabajo de la constructora portuguesa. En respuesta, el ministro Jiménez Gaona les amenazó con desalojarlos con la policía.
Pero los perjudicados no fueron solamente los comerciantes y residentes del tramo intervenido por los desprolijos trabajos de construcción de la obra en cuestión. Cotidianamente, cientos de miles de automovilistas y peatones se vieron obligados por casi dos años a transitar por calles alternativas mal acondicionadas habilitadas como desvíos, pese a que por contrato Mota Engil estaba obligada a mantenerlas en buenas condiciones de tránsito.
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