El Ministerio de Justicia deberá determinar el lugar de reclusión del narco Jaime Franco

El Ministerio de Justicia deberá determinar el lugar de reclusión del narco Jaime Franco

La jueza Sandra Kirchhoffer instó al Ministerio de Justicia a cumplir con sus obligaciones legales en el caso de Jaime Franco Mendoza, condenado a 18 años de prisión por comercialización de estupefacientes en 2017. La magistrada ordenó a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios identificar y designar el establecimiento penitenciario adecuado para que el condenado […]

La jueza Sandra Kirchhoffer instó al Ministerio de Justicia a cumplir con sus obligaciones legales en el caso de Jaime Franco Mendoza, condenado a 18 años de prisión por comercialización de estupefacientes en 2017. La magistrada ordenó a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios identificar y designar el establecimiento penitenciario adecuado para que el condenado cumpla su pena, basándose en un análisis técnico-criminológico que clasifica a Franco como persona de alto riesgo y necesidad de seguridad.

El informe técnico-criminológico, realizado según la Resolución N° 16 del Ministerio de Justicia del 28 de mayo de 2024, concluyó que Franco cumple con los criterios para permanecer en un establecimiento de alta seguridad. Este análisis otorgó al interno un 75.25% en su perfil de riesgo, respaldando su clasificación como individuo de extrema peligrosidad para el sistema penitenciario

La resolución judicial responde a una solicitud previa de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, que había pedido el traslado del interno desde sus instalaciones a otro centro penitenciario más adecuado. Sin embargo, se constató que el traslado inicial de Franco, en 2020, desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a la Agrupación Especializada fue realizado por decisión administrativa, sin la debida comunicación al órgano jurisdiccional.

Además, el Juzgado recordó que la clasificación de los internos y la designación de los centros penitenciarios corresponden exclusivamente al Ministerio de Justicia, conforme lo establece el Código de Ejecución Penal. Este marco legal busca garantizar que los condenados sean ubicados en establecimientos que se adapten a su perfil y a las condiciones necesarias para un adecuado tratamiento penitenciario.

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