En el portal oficial del Instituto de Previsión Social, en el marco de la Ley 5189 de transparencia, se divulga la “nómina de funcionarios permanentes, contratados y de elección popular”, en la cual figuran nada menos que 344 abogados. Se podrá señalar que la gran mayoría detenta el título, pero no desempeña tareas en el área legal. Lo que no tiene explicación posible es por qué el instituto contrata a 28 asesores jurídicos externos, con sueldos mensuales fijos de entre 9 y 13 millones de guaraníes, según se acaba de enterar la opinión pública por una lista que se filtró del Ministerio de Economía. Esta es solo una muestra del festín que se hace con el dinero aportado por trabajadores y empleadores.
En el listado aparece, por ejemplo, Weldon Walter Black Zaldívar, flamante yerno del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, contratado en marzo de este año con un salario superior a los 15.000.000 de guaraníes, pero otras fuentes indican que el mismo contaría con un “contrato por producto” por un monto de 100 millones de guaraníes. Su esposa, Montserrat Alliana, sindicada de “nepobaby” en la Cámara de Diputados, con quien se casó el 13 de julio, se embolsa también cerca de 20 millones de guaraníes mensuales. Dirán que Weldon es un prometedor abogado y quizás lo sea, pero ¿no había...
Solo estos 28 asesores jurídicos externos cuestan 3.000 millones de guaraníes al año y la lista es parcial. Mínimamente, las autoridades del IPS deben de inmediato informar a sus aportantes cuál es la justificación y el beneficio que han reportado estas contrataciones, y, si no lo hacen de oficio, lo deben exigir los gremios a sus presuntos representantes en el Consejo de Administración.
Esta es una nueva punta que emerge de un enorme iceberg de escandaloso derroche. El IPS tiene alrededor de 26.000 funcionarios, mucho más que cualquier otra entidad pública o privada en el país, incluidas las hidroeléctricas binacionales o, por decir, la Municipalidad de Asunción, todo a costa de los aportes obrero-patronales.
Destina el 5,5% del total de las recaudaciones brutas al “Fondo de Administración General” para mantener su burocracia, lo que no incluye, por ejemplo, al personal médico y de blanco, o de servicios de hospitales, que son financiados por el Fondo de Salud.
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