Brasil vive uno de los procesos judiciales más trascendentes desde el retorno de la democracia en 1985. La Corte Suprema inició el 2 de septiembre el juicio oral contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores más cercanos, acusados de haber participado en un plan para desconocer el triunfo electoral de Luiz Inácio […]
Brasil vive uno de los procesos judiciales más trascendentes desde el retorno de la democracia en 1985. La Corte Suprema inició el 2 de septiembre el juicio oral contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores más cercanos, acusados de haber participado en un plan para desconocer el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
La primera audiencia estuvo marcada por un dispositivo de seguridad inédito y la presencia de autoridades judiciales, políticas y militares. Paulo Gonet, fiscal general, abrió la acusación asegurando que existen pruebas “concluyentes” de que los acusados intentaron instaurar un régimen de excepción. Entre los elementos citados figuran borradores de decretos, registros digitales y mensajes internos que, según la Fiscalía, muestran que no se trató solo de retórica política, sino de pasos organizados hacia un golpe de Estado.
El juez Alexandre de Moraes, responsable de la instrucción, respondió a las presiones externas —en particular de Estados Unidos, que aplicó sanciones a magistrados brasileños y aranceles a productos nacionales en apoyo a Bolsonaro— y sostuvo que “la justicia brasileña no admitirá injerencias extranjeras”.
La defensa de los acusados, en tanto, buscó desacreditar la validez de las pruebas. Los abogados de Anderson Torres, exministro de Justicia, alegaron que el decreto usado como sustento probatorio era en realidad un texto apócrifo que circulaba en internet y nunca fue debatido por el entorno presidencial. Por su parte, la defensa del exedecán Mauro Cid defendió la colaboración de su cliente, cuya confesión fue clave en la investigación.
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