El pasado 14 de junio, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) les revocó el refugio político, medida que apelaron ante el Ministerio de Justicia.
Ahora que ya no les queda otra instancia para reclamar la situación, además de activarse el proceso de extradición al Paraguay, también existe la posibilidad de la expulsión, para que vengan a someterse a la Justicia paraguaya en la brevedad posible, aunque esta opción es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, explicó el procurador general de la República, Sergio Coscia.
Este funcionario acudió ayer temprano en el Palacio de Gobierno para poner al tanto de la resolución del ministro Moro y sobre los pasos que siguen para lograr que los tres paraguayos vengan a ser juzgados en el país por el secuestro de la empresaria María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001, y en el que supuestamente están implicados.
Al quedar firme la revocatoria del estatus de refugiados, cobró vigencia el pedido de detención con fines de extradición presentado por el Gobierno Nacional a las autoridades brasileñas el pasado 18 de junio.
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