En un país donde la corrupción parece haberse arraigado en las instituciones, es imprescindible denunciar los escándalos y exigir responsabilidad a quienes abusan de su poder.
Uno de los casos más recientes que ha salido a la luz es el de la empresa de limpieza Poti en el Instituto de Previsión Social (IPS) con Id 390.340 “Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS”, denunciado públicamente por el Diario La Nación el 24 de Mayo de 2022, y la falta de conclusión del sumario pendiente al respecto es una muestra flagrante de impunidad.
En julio del año pasado se empezó a evidenciar un esquema de corrupción en IPS, luego de una denuncia detallada sobre la presencia de cerca de 1.500 limpiadores ficticios, contratados por empresas proveedoras cercanas a figuras influyentes.
La gravedad de esta situación fue aún mayor cuando se reveló que entre estos “limpiadores mau” se encontraban docentes, funcionarios públicos y jubilados. Estas personas fueron utilizadas para inflar la nómina de la empresa Poti, según la denuncia, sin su conocimiento ni consentimiento.
La interrogante que hasta hoy no pudo ser aclarada es ¿dónde están los controles y la supervisión que se supone deberían existir en los procesos de contratación pública? ¿Acaso estas personas no merecen ser tratadas con respeto y sobre todo justicia considerando que sus nombres fueron empleados para obtener lucro?
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