Hace ya varias décadas que se usa la noción de protección social para referirse a una nueva generación de políticas sociales que buscan garantizar la mitigación de los riesgos económicos y sociales que una persona o familia enfrenta a lo largo de su ciclo de vida, tales como problemas de salud, maternidad o vejez. Es por eso que también hay un amplio consenso en que la falta de protección social representa un importante obstáculo para el desarrollo económico inclusivo y tiene una consecuencia directa sobre los niveles y la persistencia de la pobreza, la desigualdad e inseguridad económica (OIT, 2017), explica la economista Stella Guillén, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), en el último número de la Revista Economía y Sociedad, de dicha institución.
Otro gran consenso alcanzado en torno a la protección social es la necesidad de tener una visión sistémica de la misma (Cecchini, Filgueira y Robles, 2014), lo que se hace tangible en el compromiso asumido por los países en el marco de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de alcanzar en 2030 sistemas de protección apropiados para todos.
Esta visión sistémica de la protección social básicamente se constituye en un cambio de paradigma que, por decirlo esquemáticamente, supone el paso de la estrategia centrada en el combate a la pobreza a una estrategia que incluye otros factores cruciales de vulnerabilidad social, como son la ausencia de seguridad social o la carencia de trabajo decente. Los principales rasgos de este cambio de visión pueden sintetizarse en: significa un cambio hacia la protección respecto no solo de una situación presente, como puede ser la pobreza, sino respecto a eventualidades negativas, como una...
Representa un avance significativo hacia la universalidad de la entrega de servicios públicos, que evidentemente tiene que iniciarse desde los sectores más desfavorecidos, pero que busca que toda la población pueda acceder a dichos servicios, es decir, a una educación pública de calidad o a unos servicios de salud de cobertura nacional, entre otros.
Implica una visión sistémica de desarrollo social y, por tanto, la configuración de un Sistema de Protección Social en el que se articule la actuación de las instituciones públicas. En un reciente documento de la OCDE se define así: “El concepto de Sistema de Protección Social refiere a un marco que contiene tres pilares de protección social, asistencia social, previsión social y programas para el mercado de trabajo, que aparecen integrados o, como mínimo, coordinados” (Social Protection System Review, OCDE, diciembre 2018, p. 13).
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