Andrés Colmán Gutiérrez – @andrescolman
Cerca del mediodía del jueves, una sugestiva denuncia movilizó a periodistas, curiosos, policías y funcionarios fiscales. En la sede del Instituto Paraguayo del Indígena –que desde hace semanas permanece rodeada por nativos que exigen la renuncia de su actual presidenta, Ana María Allén–, un grupo de personas estaban sustrayendo muebles y documentos, pasándolos sigilosamente a una casa vecina, a través de un boquete abierto en la muralla del fondo.
Al lugar acudieron agentes policiales de la Comisaría Primera y detuvieron a 13 personas, a quienes sorprendieron sacando escritorios y cajas con papeles. La sorpresa fue que entre ellos estaban dos militares y el propio director de Transparencia y Anticorrupción del Indi, Félix Alberto González. Posteriormente, intervino la fiscala Claudia Penayo, quien ordenó la libertad de los detenidos aclarando que no eran ladrones, sino funcionarios de la institución que intentaban llevar a cabo una mudanza a escondidas de los indígenas acampados en frente. No lo pudieron lograr.
El pintoresco blooper coronó una larga historia de desaciertos. Desde principios de noviembre, más de un centenar de nativos, relacionados con la Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (MAIPy), se instalaron en carpas frente al local, cerrando todos los accesos al mismo para reclamar la renuncia de la presidenta del Indi, a quien acusan de “mala gestión”.
Desde entonces, los directivos y cerca de 100 funcionarios se quedaron sin oficinas. Un equipo tuvo que brindar asistencia en forma ambulante en los hospitales y otro realizó registros de identidad en la Plaza Uruguaya. “Somos el Indi nómada, estamos trabajando en un local ajeno, cuya dirección no podemos revelar por razones de seguridad”, explicó la asesora Tina Alvarenga.
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