El derecho de la seguridad social es el conjunto de principios teóricos y normas positivas que en función de la solidaridad social, tienen por objeto regular la organización, competencia, funciones y atribuciones de las instituciones públicas, privadas y mixtas, que integran el sistema de seguridad social, y sus relaciones jurídicas con el estado, los beneficiarios y los contribuyentes.
No es una rama del derecho público ni del derecho privado; tiene su propia individualidad y autonomía en el ámbito del derecho social, distinto de las dos ramas clásicas ya mencionadas; la normativa del derecho social es de orden público, pues respetando los principios constitucionales y los derechos fundamentales, determina las reglas mínimas de convivencia en una sociedad política; son normas imperativas no negociables y de estricto cumplimiento para todos los habitantes del estado.
En el derecho comparado internacional y en la doctrina jurídica más actualizada, la pertenencia del ser humano al sistema de seguridad social es automática; comienza desde el instante que se cumple el requisito natural de tener existencia; la protección social se garantiza “desde la concepción” (Art. 4 CP).
La seguridad social se sustenta en el vínculo entre los beneficiarios y el estado, o entre aquellos y las instituciones públicas o privadas encargadas de dar las prestaciones. Este vínculo tiene la naturaleza de una relación jurídica institucional obligatoria, fundada en la pertenencia del ser humano a la sociedad organizada jurídicamente como estado; no es en absoluto contractual. Tampoco es contractual el vínculo de las personas obligadas a aportar para el financiamiento de la seguridad social pública o privada; es una relación jurídica surgida de la vida social normada imperativamente...
Los diversos instrumentos de la seguridad social son de naturaleza institucional, y la voluntad de las personas privadas no aplica para modificarlos, porque corresponde al estado: la protección de la persona humana en su integridad física y psíquica (Art. 4 CP); la promoción y protección del ambiente saludable y ecológicamente equilibrado (Art. 7 CP); la protección integral de la familia integrada por la unión estable del hombre y de la mujer con los hijos (Arts. 49, 52, 53, 54, 55 CP); la protección integral de las personas de la tercera edad y de las personas excepcionales (Arts. 57, 58...
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