Con respecto a la denuncia por exacción que presentó contra el Defensor del Pueblo Miguel Godoy, la abogada Diana Vargas manifestó que esta denuncia tiene que ver con el cobro de una contribución de cinco jornales, más de Gs. 400 mil, a objetores de conciencia. Sostuvo que estableció un esquema de aprietes y creó una […]
Con respecto a la denuncia por exacción que presentó contra el Defensor del Pueblo Miguel Godoy, la abogada Diana Vargas manifestó que esta denuncia tiene que ver con el cobro de una contribución de cinco jornales, más de Gs. 400 mil, a objetores de conciencia. Sostuvo que estableció un esquema de aprietes y creó una confusión.
Explicó que la objeción de conciencia es un derecho que está previsto en la Constitución, en el marco de este derecho, en el año 2010 fue promulgada una ley, la 4.013, que reglamenta la objeción de conciencia. En esta ley, en el art. 21 se establece que para aquellos declarados objetores antes de su entrada en vigencia, deberán hacer el servicio civil sustitutivo o pagar una contribución de cinco jornales mínimos, pero solo para aquellos que lo hayan hecho antes del año 2010, por ese motivo existe una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre de la Defensoría del Pueblo.
El problema surge desde el año 2019, cuando sale una resolución del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que reglamenta el servicio sustitutivo y habla de los arreglos para el cobro pertinente al art. 21, para los objetores declarados antes del 2010. Sin embargo, asegura que el defensor le dio otra interpretación y una aplicación torcida a la resolución, ya que comenzó a cobrar el dinero a las personas que se declararon objetores después del año establecido.
“Estableció un esquema de aprietes, está operando en el marco de la confusión” asegura.
Leer la nota completa en PDS
