Dos reuniones de Jorge Brítez, entonces presidente del Instituto de Previsión Social, con Santiago Peña Palacios, expresidente de la República, precedieron a la aprobación de una inversión de G. 250.000 millones en bonos de Ueno, según el acta de imputación que sitúa esos encuentros en el despacho presidencial los días 22 y 27 de agosto […]
Dos reuniones de Jorge Brítez, entonces presidente del Instituto de Previsión Social, con Santiago Peña Palacios, expresidente de la República, precedieron a la aprobación de una inversión de G. 250.000 millones en bonos de Ueno, según el acta de imputación que sitúa esos encuentros en el despacho presidencial los días 22 y 27 de agosto de 2024, mientras Peña todavía mantenía participación accionaria en el grupo empresarial vinculado al banco.
Cuarenta y ocho horas después del segundo encuentro entre Peña y Brítez, el Consejo de Administración del IPS aprobó, el 29 de agosto de 2024, la compra de bonos financieros emitidos por Ueno por G. 250.000 millones, a siete años de plazo, una secuencia que los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez incorporaron entre los hechos que sustentan la imputación contra el exmandatario.
Los investigadores atribuyen a Peña haber intervenido en decisiones sobre la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en Ueno, presuntamente incidiendo sobre autoridades que tenían a su cargo la administración y protección de esos fondos, en beneficio de una entidad con la cual mantenía intereses económicos.
En el momento de las reuniones con Brítez y de la aprobación de la inversión del IPS, Peña poseía 6.144 acciones de Ueno Holding, declaradas por G. 6.144 millones y equivalentes aproximadamente al 1,58 % del capital social de la compañía, participación que habría conservado hasta su rescate mediante una reducción de capital realizada en marzo de 2025.
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