Todo comenzó con George Washington. Se edificaba la primera república moderna y era necesario nombrar un poder judicial independiente. Don George designó a los seis magistrados de la Corte Suprema (entonces eran seis) y fueron aprobados en dos días.
En ese momento no existían izquierdas ni derechas. Ni siquiera había partidos políticos. La disputa era entre federalistas y sus adversarios. Sí había, naturalmente, rencillas personales y choques de egos que alguna vez derivaron en duelos a muerte, como el que le costó la vida a Alexander Hamilton a manos de Aaron Burr.
El amargo espectáculo del nombramiento de Brett Kavanaugh y la mezquina riña partidista entre republicanos y demócratas, precedida por la de Merrick Garland en época de Obama, parecida, pero de signo contrario, me lleva a pensar que el procedimiento de designar a los jueces en Estados Unidos es disparatado.
No es posible que la nación más poderosa de la historia se comporte de esa vergonzosa manera en un asunto tan delicado como escoger a sus jueces principales. El país no llega a los excesos del Cartel de la Toga en Colombia, Perú o Ecuador, donde algunos magistrados superiores han sido sorprendidos vendiendo las sentencias, o como en Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Cuba, donde los jueces están al obsecuente servicio del gobierno, pero si continúa por esa senda es posible que la degradación sea total. Todo camino se puede andar.
El poder judicial es la pieza clave de cualquier estado de derecho fundado en la observancia de la ley, ya sea una república o una monarquía parlamentaria. No existe ningún elemento dentro del Estado que acerque más a los ciudadanos al modelo de gobierno que tener la seguridad de que no serán aplastados por los poderosos, ya sean o no funcionarios. Pero, por la otra punta del razonamiento, no hay un factor que aleje más a las personas del sistema en el que viven que saber que no todas las personas son iguales ante la ley y que el discurso oficial es una soberana mentira. Esa es la madre del...
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