La causa abierta tras el operativo denominado "Berilo", que tiene una connotación pública de alto impacto debido a las personas procesadas en la causa, incluido un legislador, es una muestra de la poca capacidad de respuesta por parte de los operadores del sistema de justicia en un caso complejo donde los derechos procesales del indiciado son pasados por alto.
La causa abierta tras el operativo denominado «Berilo», que tiene una connotación pública de alto impacto debido a las personas procesadas en la causa, incluido un legislador, es una muestra de la poca capacidad de respuesta por parte de los operadores del sistema de justicia en un caso complejo donde los derechos procesales del indiciado son pasados por alto.
El considerado líder de la organización criminal, según el Ministerio Público estuvo cinco años en prisión sin condena por lo menos en primera instancia.
La dilación comenzó debido a que el Ministerio Público, presentó la acusación fuera de plazo. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación.
Desde la finalización de la etapa investigativa, la causa ha experimentado dilaciones inicialmente propiciadas por el propio Ministerio Público. Además, la defensa ha cuestionado cada fecha de audiencia preliminar y cada decisión de los magistrados de garantías (que los jueces no lo frenaron), lo que ha impedido la sustanciación de la audiencia preliminar en la causa hasta la fecha.
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