Transcurría el año 2020 y en aquel momento escribí un artículo titulado “El Anexo C vence este año”, sabiendo que este debía ser revisado recién tres años después –en el 2023–, pero también sabiendo que una negociación de esta complejidad iba a demandar mucho tiempo. Recordemos la enorme oposición de los Estados del norte para aprobar el acuerdo Lula-Lugo y recordemos que existe un acuerdo firmado en el año 1995 para modificar el Anexo A que hasta hoy ni siquiera fue tratado. Según cálculos de expertos a partir del año 2027, además de dejar de recibir los 640 millones de dólares por los gastos socioambientales, nuestros ingresos por cesión de energía se reducirán en unos 100 millones de dólares por la mayor contratación de potencia que nos exige el acuerdo firmado. Pero lo más preocupante de todos los puntos firmados en el convenio de abril del año pasado es el que dice que dicho acuerdo es la base del nuevo Anexo C, con lo cual prevalece la posición brasileña de convertir a Itaipú solamente en un centro de costos, que produzca eficientemente para generar energía a bajo costo.
Transcurría el año 2020 y en aquel momento escribí un artículo titulado “El Anexo C vence este año”, sabiendo que este debía ser revisado recién tres años después –en el 2023–, pero también sabiendo que una negociación de esta complejidad iba a demandar mucho tiempo. Sabíamos que la primera gran negociación iba a ser entre nosotros los paraguayos, donde el tema estaba absolutamente polarizado entre un sector radical autodenominado patriotas con pretensiones utópicas y otro sector acusado de vendepatrias por presentar propuestas conservadoras, pero muy realistas.
Sabíamos que la segunda gran negociación iba a ser con el Gobierno brasileño, en cuyo país existen sectores muy poderosos, nada dispuestos a hacer concesiones al Paraguay y que solamente buscan reducir los costos de Itaipú para bajar el precio de la energía para el consumidor y para la industria brasileña.
El tercer gran escollo a superar iba a ser la aprobación por parte del Congreso brasileño de un eventual acuerdo. Recordemos la enorme oposición de los Estados del norte para aprobar el acuerdo Lula-Lugo y recordemos que existe un acuerdo firmado en el año 1995 para modificar el Anexo A que hasta hoy ni siquiera fue tratado. Al final, ninguna de estas tres negociaciones se realizó, porque los gobiernos paraguayos –tanto de Abdo Benítez como de Peña– se concentraron en negociar cada año la tarifa de la energía y la negociación del Anexo C quedó postergada. Esta situación cambió radicalmente...
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