A 45 días de que venza la tarifa de USD 19,28 por kW/mes, Paraguay no tiene propuesta pública, cambió de presidente en medio de una crisis bancaria y aún no se anunciaron las políticas específicas de negociación. Brasil, con Lula recién reelecto, insiste en bajar el precio a la mitad.
El lunes 9 de noviembre, a horas de reasumir la presidencia de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa atendió a la prensa con dos incendios sobre la mesa. El primero, inmediato: USD 21 millones de un préstamo BID–Taiwán atrapados en ueno bank. El segundo, con fecha fija en el calendario: “El contrato de potencia con Itaipú Binacional y la tarifa terminan el 31 de diciembre de 2026, entonces urge la definición”.
La frase resume la urgencia, pero no la incertidumbre. Tres días antes, el Senado había destituido a Santiago Peña por 44 votos, y Pedro Alliana había jurado como presidente. El gobierno que firmó la tarifa vigente, y que debía cerrar la revisión del Anexo C, ya no existe.
¿Quién negocia hoy por Paraguay? ¿Qué tarifa va a defender? ¿Y qué pasa el 1 de enero si no hay acuerdo? Estas son las preguntas que nadie en el Ejecutivo respondió todavía en público.
El acuerdo firmado en mayo de 2024 por Peña y Lula fijó la tarifa en USD 19,28 por kW/mes para 2024, 2025 y 2026, y prometió concluir la revisión del Anexo C. Esa revisión nunca se firmó. El Anexo C es la parte del Tratado de 1973 que contiene las bases financieras de la binacional y la fórmula del precio de su producción. También establece que cada país tiene derecho al 50% de lo generado, y que lo que uno no usa debe cederlo al otro.
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