La Presidencia de la República reglamentó la aplicación de la Ley N° 6795/2021 que establece las condiciones para la suspensión o exclusión de los adultos mayores del régimen de pensión alimentaria y una penalidad de hasta 3 años de cárcel o multa para los responsables de impedir que reciban el beneficio.
El Ejecutivo a través del Decreto N° 6578, con fecha 18 del presente mes de enero, “reglamenta y aclara aspectos para la aplicación de la Ley N° 6795/2021, que establece condiciones y exigencias para la suspensión o exclusión de las personas adultas mayores al régimen de la pensión alimentaria establecido en la Ley N° 3728/2009, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”.
El gobierno de Mario Abdo Benítez el año pasado había vetado totalmente el proyecto de ley 6795, argumentando que limitaría o cercenaría facultades o potestades expresas en las normativas vigentes que regulan la permanencia en el programa de la pensión alimentaria por parte de los beneficiarios que se encuentran en planilla fiscal de pagos.
Además, advirtió que dificultará el control de estas ayudas en momentos en que es clave el buen uso de los recursos públicos y cuestionó que se haya establecido una penalidad de hasta tres años de privación de libertad o multa a los funcionarios responsables por impedir arbitrariamente que los adultos mayores reciban el beneficio; así también que se podrían realizar pagos a personas que no se encuentren en estado de vulnerabilidad con los nuevos criterios establecidos en el proyecto de ley.
Las cámaras del Congreso, sin embargo, rechazaron la objeción total formulada por el Ejecutivo y ratificaron en todos los términos la sanción inicial dada al proyecto de ley, por lo que el decreto menciona que el órgano de aplicación quedará sujeto a las condiciones taxativamente mencionadas en la ley como causales de bloqueo o de exclusión.
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