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El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso, donde propone figuras penales para quienes accedan de manera irregular a las vacunas contra Covid-19.
El Artículo 23 de la referida propuesta manifiesta que si un funcionario usa su cargo para beneficiar a otra persona con la aplicación de los biológicos, la sanción será de hasta cinco años de cárcel o multa.
También estará inhabilitado para ocupar cualquier tipo de cargo dentro de la función pública, por el tiempo de 10 años.
Por otra parte, indica que aquel que hurtara no solamente vacunas, sino medicamentos o insumos, será condenado a prisión, de dos a seis años.
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