Con su atribución constitucional de veto, el Poder Ejecutivo frenó aumentazos salariales, en plena campaña electoral, para funcionarios públicos, transferencias a cuestionadas OGN e indemnización para exobreros que trabajaron en Itaipú. Con esto, en términos generales, se está frenando un despilfarro de unos US$ 955 millones, que ponen en serio riesgo la tesorería nacional.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó diversas leyes aprobadas por el Congreso Nacional en las que se planteaban peligrosos aumentos presupuestarios de toda clase (ver el cuadro más abajo).
Entre los proyectos más polémicos, el Ejecutivo vetó la ley que planteaba aumentos salariales para funcionarios del Congreso por un total de G. 12.908 millones (US$ 1,8 millones).
Ocurrió lo mismo con el proyecto de ley que planteaba aumentos salariales para actuarios judiciales del Poder Judicial por más de G. 9.652 millones (US$ 1,3 millones).
El mandatario también vetó el aumento presupuestario para la Contraloría General de la República (CGR), ente que pidió más fondos para remuneraciones, bonificaciones y contrataciones por G. 11.101 millones (US$ 1,6 millones).
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