Su pedido da a entender sospechas de irregularidades en el uso de los recursos del proyecto más ambicioso que ejecuta el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de una administración externa. La primera etapa se extendió entre 2011 y 2014, mientras que la segunda empezó en el 2015 y todavía sigue operativa. En total figuran como beneficiarias más de 53.000 familias.
Para el último periodo, Paraguay aprobó un crédito del Banco Mundial por USD 100 millones, que en su mayoría se transfirió entre 2016 y 2017, en coincidencia con las administraciones de Jorge Gattini y Juan Carlos Baruja, durante el gobierno de Horacio Cartes.
Operativo. Son ocho los auditores encargados de las verificaciones, que hasta el momento se realizaron de manera aleatoria en asociaciones de San Pedro, Amambay, Concepción, Itapúa, Caaguazú y Alto Paraná.
De este grupo, cuatro son funcionarios del MAG, que no reciben datos de los lugares visitados sino hasta el momento de la intervención, para evitar que se filtren información y se obstruya la investigación, explicó el Auditor General del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo Olmedo.
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