SANTIAGO DE CHILE. La sombra de un juicio político empezó a planear hoy sobre el presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, luego de que la investigación Papeles de Pandora revelara supuestas irregularidades en la venta realizada en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un proyecto minero.
Piñera, quien dejará el cargo en marzo de 2022, calificó la publicación de “inaceptable” y aseguró que todos los hechos desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ya fueron investigados y desestimados en los tribunales en 2017.
"Como presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés y, de hecho, el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios", afirmó el gobernante en una rueda de prensa en La Moneda (sede de Gobierno).
Desde la oposición, sin embargo, ya hablan de impulsar una acusación constitucional (juicio político) contra el que está considerado el dueño de una de las mayores fortunas de Chile, con casi US$ 3.000 millones de patrimonio.
"Lo único que cabe es una acusación constitucional y su destitución inmediata. Hay dos firmas para una acusación constitucional que requiere de 10. Faltan ocho diputados para hacer lo que hay que hacer", anunció Pamela Jiles, del Partido Humanista.
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