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Dos ministros buscan la certeza constitucional - Judiciales.net

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Los ministros Gustavo Santander Dans, quien asumió el cargo en abril de 2023, y Víctor Ríos Ojeda, designado en noviembre de 2021, presentaron una acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de obtener la certeza constitucional que reafirme lo establecido en el artículo 261 de la Constitución Nacional, el cual declara la inamovilidad de los ministros hasta cumplir 75 años de edad.

El ministro Gustavo Santander confirmó a Judiciales Net que la presentación busca mantener la línea jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido durante los últimos años, mediante la figura de la certeza constitucional, para garantizar la permanencia en el cargo hasta alcanzar el límite etario legal.

El artículo 261 de la Constitución Nacional establece que los ministros de la Corte Suprema solo pueden ser removidos por medio de un juicio político, y que cesan en sus funciones al alcanzar los 75 años de edad o si son destituidos a través de dicho proceso. Esta disposición consagra la inamovilidad como principio fundamental de la independencia judicial, asegurando que los magistrados solo puedan ser apartados mediante un mecanismo excepcional y debidamente justificado. De este modo, la norma garantiza estabilidad, autonomía y continuidad institucional dentro del Poder Judicial.

Ya en noviembre de 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por nuevos ministros, había resuelto una cuestión similar al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad promovida por los ministros Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, quienes fueron declarados inamovibles por certeza constitucional.

En aquella ocasión, la Corte declaró inconstitucional el artículo 19 de la Ley N.º 609/95, que establecía que los mandatos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia tenían una duración de cinco años, tras los cuales cesaban automáticamente en sus funciones. Con su decisión, el máximo tribunal reafirmó que la Constitución Nacional prevalece sobre cualquier norma inferior, y que la estabilidad de los ministros no está sujeta a períodos temporales, sino a las condiciones expresamente fijadas por la Carta Magna.

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