Ocho senadores, ocho diputados y tres del Parlasur, todos de la disidencia del Partido Colorado, accionaron ayer ante la Corte en contra del mandato imperativo de la Convención partidaria que les impuso a sus congresistas.
La segunda, el mandato para elegir contralor, subcontralor, defensor del Pueblo y defensor del Pueblo Adjunto. La tercera para aprobar la intervención de la Comuna de Lambaré, y la última donde otorgan la orden a los diputados para la designación de las citadas autoridades.
ARGUMENTOS. La acción, presentada por el equipo jurídico encabezado por Juan Ernesto Villamayor, refiere que las resoluciones violan los artículos 3, 117, 118, 119, 132, 137, 247, 259 numeral 5 y 260 numeral 1 de la Ley Suprema.
En la acción, se señala que el poder reside en la elección de sus representantes y que los partidos políticos no pueden designarlos sino a través del voto. Entonces, alega que constituyen distintas visiones de la realidad, por lo que no se puede imponer un pensamiento único e imperativo.
En el análisis señalan que el otorgamiento de mandatos imperativos está prohibido por la Constitución. Además, el Estatuto Partidario de la ANR no faculta a ninguna de las convenciones –ordinaria y extraordinaria– otorgar ningún tipo de mandatos.
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