Diputados de la oposición y la disidencia colorada presentaron un proyecto de declaración que insta al gobierno de Pedro Alliana a remover a todos los miembros de su Gabinete y otros altos funcionarios que tengan relación con haber autorizado o aprobado la colocación de fondos públicos en ueno bank.
Un pedido de declaración presentado por los diputados Mauricio Espínola, Rocío Vallejo y Raúl Benítez, tres de los fiscales acusadores en el juicio político de Santiago Peña, insta al presidente Pedro Alliana que remueva a las autoridades y altos funcionarios que hayan tenido responsabilidad directa en la aprobación, autorización, renovación o mantenimiento de depósitos e inversiones de fondos públicos y previsionales en ueno bank.
Los promotores de la propuesta legislativa fundamentan su pedido en el caso de cierre de la entidad que dejó a ahorristas con el congelamiento de sus ahorros y con la incertidumbre de qué pasará en especial con los fondos públicos depositados en sumas millonarias. Para ello, buscan la responsabilidad de quienes dieron anuencia o formaron parte del circuito de los que posibilitaron el depósito del dinero de los contribuyentes en ese banco.
Enumeran que las instituciones afectadas son varias y clasificadas en importancia por la cantidad de recursos públicos depositados. Algunas de las instituciones afectadas con fondos comprometidos son el Instituto de Previsión Social (IPS), la Itaipú Binacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, la ANDE, la Cajubi, la caja jubilatoria de la ANDE y el Senave, entre otras.
De acuerdo con las instituciones que más dinero depositaron en ueno, lleva la delantera el Instituto de Previsión Social (IPS), USD 355 millones; Itaipú Binacional, USD 182,5 millones; ANDE, USD 90 millones; Ministerio de Economía, USD 40,69 millones; Cajubi, USD 30,31, todos comprometidos en sus depósitos en el banco en cuestión.
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