Las diputadas Kattya González (PEN) y Jazmín Narváez (ANR) informaron ayer, luego de una reunión mantenida con sus pares de otras bancadas, que la Cámara Baja realizará una auditoría externa para detectar la existencia de planilleros, las labores que realizan los funcionarios y los salarios que por ellas perciben. Más allá del monto …
Las diputadas Kattya González (PEN) y Jazmín Narváez (ANR) informaron ayer, luego de una reunión mantenida con sus pares de otras bancadas, que la Cámara Baja realizará una auditoría externa para detectar la existencia de planilleros, las labores que realizan los funcionarios y los salarios que por ellas perciben. Más allá del monto que se abonará en tal concepto, 280 millones de guaraníes, las preguntas que surgen de inmediato son: ¿Para qué están entonces los órganos del control del Estado paraguayo y por qué los legisladores no apelan a ellos?
Una primera mala noticia es que con esta medida, la Cámara de Diputados reconoce que no tiene control, ni siquiera conocimiento, de su propio desempeño administrativo, o mejor, que la mayoría de los diputados no confía en la mesa directiva que está al frente del colegiado. Y menos aún, en los funcionarios de la institución, quienes tendrían que garantizarles informaciones precisas sobre el particular, en forma rápida, sin mayores trámites.
Ahora bien, asumamos que la Cámara es un completo descontrol, que nadie confía en nadie y que, por tanto, recurren a auditores que les digan lo que la Mesa Directiva no puede o no quiere decirles al grueso de los diputados. La siguiente interrogante es ¿por qué no se rigen por lo que establece la Constitución Nacional y solicitan la intervención de la Contraloría General de la República?
Dicha entidad “es el órgano de control de las actividades económicas y financieras de Estado”, según lo estipula el art. 281 de la carta magna. Y en su art. 283, de los Deberes y Atribuciones del Contralor, en su inciso 1, se refiere expresamente a “el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado”.
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