A solicitud de diputados como Sebastián Villarejo, de Patria Querida, la versión aprobada en la Cámara Baja quedó solo para los alumnos provenientes de colegios públicos y privados subvencionados.
“Es un Estado con recursos finitos, pero con necesidades infinitas”, dijo Villarejo entre sus argumentos para no aprobar la universalidad de la propuesta legislativa.
Además, modificaron el modo de financiamiento y dan un plazo de tres meses al Ejecutivo para promulgar la iniciativa. De tener el visto bueno del Ejecutivo -el ministro de Hacienda, Benigno López, ya mostró su oposición, correría recién desde el 2021 y no a partir de este año, como pedían los alumnos.
Otros legisladores como Celso Kennedy, representante de Caaguazú por el PLRA, indicó que la universalidad permite que la normativa no se utilice como botín político y se asigne a personas por su cercanía con los gobiernos o autoridades universitarias de turno.
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