El caso se viene dilatando desde el 2016, cuando el propio imputado, el 20 de abril de ese año, solicitó al juzgado la suspensión condicional del procedimiento del caso, pero el juez Otazú se opuso. El legislador afirmó que ya pagó una multa de G. 900 millones y ofreció donar G. 30 millones, por lo que consideró haber resarcido el daño causado.
El diputado admitió ante el juez Humberto Otazú los cargos de contrabando y producción de documentos no auténticos por los cuales fue acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos y solicitó la suspensión condicional del procedimiento.
El magistrado dio trámite de oposición al pedido porque consideró que no hay elementos para beneficiar al legislador colorado con esta salida alternativa al proceso.
Ante esta situación, los abogados del legislador, Ángel Daniel Lird y Milner Núñez, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia argumentando que la Fiscalía violó una serie de normativas nacionales e internacionales en el proceso y, por tanto, pidieron que se declare inaplicable la figura de contrabando y producción de documentos no auténticos en su caso.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
