El ministro de la Corte Suprema Raúl Torres Kirmser se vale del dinero público para pagar salarios en el Poder Judicial a sus tres hijos y hasta a las esposas de sus custodios-choferes policiales, aparte de trasladar a su propio domicilio el puesto de “trabajo” de tres funcionarios allegados a él. A tales desmanejos contribuyó que en el Poder Judicial no rige la Ley de la Función Pública, debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la propia Corte. La citada ley tampoco vale para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que promovió una acción similar. No debe extrañar, entonces, que en ambas instituciones, que se supone están para velar por el estricto cumplimiento de las leyes, se sucedan los escándalos de nepotismo, “planillerismo” y empleo de personal en servicios particulares, tal como ocurre en el caso de Torres Kirmser. Cuando la Corte Suprema se enteró de la corruptela de su ministro, a través de la prensa, abrió una pesquisa contra los funcionarios involucrados, y la Fiscalía inició causa penal contra ellos. Es de esperar que la Fiscalía tenga también el coraje de abrir una investigación contra Torres Kirmser.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser se vale del dinero público para pagar salarios en el Poder Judicial a sus tres hijos y hasta a las esposas de sus custodios-choferes policiales, aparte de trasladar a su propio domicilio el puesto de “trabajo” de tres funcionarios allegados a él. El desvergonzado personaje, que ya no puede alegar a su favor la “notoria honorabilidad” que la Constitución exige a quienes integran la máxima autoridad judicial, cometió tales fechorías gracias a la complicidad o el encubrimiento de sus colegas, uno de los cuales –Sindulfo Blanco–...
A tales desmanejos contribuyó el hecho de que Torres Kirmser integra el Consejo de Superintendencia de la Corte, encargado de fiscalizar al personal del Poder Judicial, y que además allí no rige la Ley de la Función Pública, debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la propia Corte.
La citada ley tampoco vale para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que promovió una acción similar.
En consecuencia, esas dos importantes entidades ignoran las normas sobre el concurso público de oposición para seleccionar y promover a sus funcionarios, así como las referidas a los requisitos para la contratación temporal de personas. Resulta así que el Poder Judicial y la Justicia Electoral se ciñen a sus propias reglas, si las tienen, sin que puedan ser sometidos a control alguno por parte de la Secretaría de la Función Pública. De esta manera, cualquiera puede ingresar en esas instituciones y ascender sin someterse a un concurso de oposición, o ser contratado al margen de la ley. No...
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