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Desproporción en la ley antidrogas - Nacionales - ABC Color

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Edgar Martínez no era narco ni adicto, pero hoy fue condenado a cinco años de cárcel por producir aceite medicinal de cannabis para personas enfermas, gracias a una injusticia en la ley penal que aún no se corrige. Frente a esto nos encontramos con casos como el del diputado acusado por narcotráfico, Ulises Quintana, quien estuvo arrestado pero logró su libertad gracias, en parte, a que sus colegas decidieron cambiar la ley que lo apresó ya que entendieron que la prisión preventiva rígida era inconstitucional. Es otras palabras, un parlamentario debió sufrir una injusticia para que se cambie una ley injusta.

El Congreso hace oídos sordos a las exigencias que, por ejemplo, organizaciones de Derechos Humanos reclaman para modificar las leyes que violan principios de la Constitución y de tratados internacionales. El claro y reciente ejemplo es el abuso de la prisión preventiva, debido a una rigidez en la figura que estuvo presente en nuestro Código Procesal Penal entre 2004 y 2019 y que las ONGs de DD.HH., al igual que juristas, docentes de Derecho y abogados, criticaban diariamente por ser inconstitucional.

Los congresistas tardaron 15 años en escuchar y en darse cuenta de la arbitrariedad. En realidad, fue gracias a que uno de sus colegas, el diputado Ulises Quintana (ANR, Añeteté), quedó con prisión preventiva porque está siendo investigado por sus vínculos con el narco Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Aunque para ser precisos, Quintana salió en libertad semanas antes de que se modifique la ley a través del fallo de una jueza. Cuando la Cámara de Alzada estudió la apelación, la nueva normativa ya estaba vigente.

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Contamos esto como un paralelismo a lo que vive Edgar Martínez Sacoman (42) quien hoy fue condenado en Ciudad del Este a la pena mínima por el delito simple (sin atenuantes) de tenencia de marihuana: cinco años de prisión. Lo resolvió un tribunal de sentencia y en su segundo juicio, ya que el primero se anuló porque le dieron una pena de dos años y medio y la Fiscalía apeló el fallo con el argumento de que no existían atenuantes para llegar a una condena así de baja.

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