El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se encuentra nuevamente bajo fuego. La divulgación de las conversaciones que mantenía su expresidente, Orlando Arévalo, ha revelado, una vez más, la manera en que se resuelven los casos relacionados con el mal desempeño de los jueces y fiscales: un siniestro juego de toma y daca.
Como en otras ocasiones, esta situación traumática ha disparado una serie de interrogantes respecto a este órgano, cuya única misión es sancionar a aquellos que cometen irregularidades en el ejercicio de sus funciones judiciales. ¿Puede cumplir su rol si cuatro de sus ocho miembros son políticos? ¿No vino, acaso, mal de fábrica? ¿Es necesario un cambio constitucional para modificar su estructura y excluir a senadores y diputados del juzgamiento de magistrados?
En lo que sigue, plantearé algunas medidas que, al margen de una eventual modificación de la Constitución, podrían servir para afinar la actuación del Jurado, considerando sus actuales circunstancias.
Mi punto es: hay ajustes institucionales que se pueden realizar de inmediato con reformas legales. Para ser claro, esto no implica una defensa del diseño constitucional actual. Ahora bien, creo que venimos observando, en los últimos tiempos y cada vez más, la peor versión del Jurado, una muy alejada de los supuestos sobre los cuales se fundó.
En ese sentido, los arreglos que mencionaré toman como base el principio que, según argumentaré, guió la organización constitucional del Poder Judicial: “control pluralista” en las puertas de entrada (Consejo de la Magistratura) y de salida (Jurado).
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