La Fiscalía concluyó que no existen indicios de enriquecimiento ilícito ni tráfico de influencias en el caso que involucraba al exministro de la Corte Suprema, su hijo y otros allegados. Un dictamen de la Contraloría y dos pericias contables coincidieron en que la evolución patrimonial de los investigados es sustentable y se ajusta a sus ingresos legales.
El juez Humberto Otazú desestimó la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el exministro y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, su hijo y otras dos personas más. La Fiscalía descartó la existencia de hechos punibles, incluso en relación al supuesto tráfico de influencias vinculado a la extradición del brasileño de origen libanés, Kassem Hijazi.
Las fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero solicitaron desestimar la causa, citando un dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la evolución patrimonial de Fretes y los investigados era sustentable y correspondía con sus ingresos legales.
El pedido de desestimación también refiere que no se hallaron elementos que indiquen que Fretes haya sido objeto de influencia o que haya influido en otros ministros para dictar una resolución favorable en el caso relacionado con Hijazi.
La investigación a Frentes surgió a partir de publicaciones periodísticas que señalaban bienes e inversiones incompatibles con sus ingresos.
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