A pedido del Ministerio Público, el juez José Delmas desestimó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Clara Noemi Alvarenga, exfuncionaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En la investigación, el fiscal Luis Piñanez concluyó que, conforme al Flujo de Caja realizado, correspondiente al periodo Enero/2014 a Marzo/2024 existe una correspondencia razonable entre […]
A pedido del Ministerio Público, el juez José Delmas desestimó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Clara Noemi Alvarenga, exfuncionaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En la investigación, el fiscal Luis Piñanez concluyó que, conforme al Flujo de Caja realizado, correspondiente al periodo Enero/2014 a Marzo/2024 existe una correspondencia razonable entre los ingresos y egresos de la misma.
El caso se inició a partir de un dictamen remitido por la Contraloría General de la República (CGR) que, en un examen de correspondencia de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, había señalado presuntas inconsistencias patrimoniales de la inspectora de la Patrulla Caminera. Sin embargo, tras un extenso análisis de ingresos y egresos entre 2014 y 2024 incluyendo salarios, préstamos, operaciones financieras y gastos personales, la perito contable María Magdalena Sotto concluyó que existía correspondencia razonable entre los ingresos y los egresos de la misma.
La investigación fiscal recopiló información de diversas instituciones públicas y privadas para verificar los recursos de la funcionaria. El estudio técnico arrojó que, en el periodo analizado, la imputada obtuvo ingresos totales por Gs. 1.284.576.812 y egresos por Gs. 1.052.943.369, con un saldo positivo del 18% que permitía justificar las erogaciones realizadas, incluyendo la construcción de su vivienda en San Lorenzo.
El juez interviniente, al analizar el requerimiento, coincidió con la posición del fiscal Luís Piñánez y sostuvo que no se verifican los presupuestos del tipo penal de enriquecimiento ilícito, que requiere un incremento patrimonial injustificado apreciable posterior al inicio de la función pública. “No existe desproporción en su patrimonio ni elementos probatorios que indiquen un ejercicio ilegal o deshonesto de su cargo”, señala la resolución.
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