Serios desafíos esperan al gobernador electo de Itapúa, Javier Pereira (Concertación), quien el 30 de abril rompió la hegemonía colorada de tres décadas en el gobierno regional, desde su creación a través de la Constitución de 1992.
Se puede decir que este acontecimiento histórico no fue una sorpresa. Pero el hecho de su irrupción en este coto de caza colorado a más de uno dejó con la sangre en el ojo, y sin dudas tendrá algunos “efectos colaterales” que exigirán del futuro gobernador hacer uso de toda su capacidad de gestión y negociación, dada su condición de opositor al gobierno central.
Esperemos no se repita la experiencia de la Municipalidad de Encarnación, donde la ANR perdió su hegemonía de más de 70 años en el 2015, y la consecuencia inmediata fue el corte de suministros a un programa de ayuda de la entidad binacional Yacyreta (EBY) al hospital pediátrico municipal. Restablecido en el 2018, cuando el actual director del ente, Nicanor Duarte Frutos, puso fin a la enojosa situación, motivada en “cuestiones políticas sectarias”, según sus propios términos.
Las gobernaciones, en general, por un defecto de nacimiento, son una especie de florero grande y costoso. Sin vuelo propio ni en asuntos de política económica, ni comercio internacional, ni seguridad. El gobernador no tiene siquiera capacidad de llamar la atención a un jefe de comisaría.
En este contexto, en especial Itapúa, plantea inquietantes desafíos de gestión al gobierno entrante. Es uno de los departamentos más productivos y gran aportante del PIB, pero adolece de una profunda inequidad. Exclusión y desplazamiento de comunidades campesinas, persistente deterioro del ambiente, cordones de pobreza en las ciudades, inseguridad creciente y una “floreciente” industria de la mafia narco.
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