Son grandes volúmenes de documentos oficiales presentados por los concejales ante la Contraloría General de la República, y el Ministerio Público, y que hablan de hechos sumamente graves cometidos por el jefe comunal de Minga Guazú, en el ejercicio de sus funciones. Una de ellas, por ejemplo, habla de MALVERSACIÓN, LESIÓN DE CONFIANZA, PECULADO, TRÁFICO […]
Son grandes volúmenes de documentos oficiales presentados por los concejales ante la Contraloría General de la República, y el Ministerio Público, y que hablan de hechos sumamente graves cometidos por el jefe comunal de Minga Guazú, en el ejercicio de sus funciones.
Una de ellas, por ejemplo, habla de MALVERSACIÓN, LESIÓN DE CONFIANZA, PECULADO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS y OTROS, que definitivamente no pueden seguir en la impunidad, como lo viene siendo hasta ahora. Este caso ya está siendo investigado por el fiscal Francisco Cabrera, de la capital del país, pero presenta HECHOS NUEVOS.
Los concejales Edgar Sebastián Franco, César Eudes Mereles, Proto Meza y Oscar Romero Roa, encontraron que, en la ejecución presupuestaria del 2019, existe una diferencia (FALTANTE) de 1.208.511.721 (mil doscientos ocho millones, quinientos once mil setecientos veintiuno) guaraníes, entre lo que ingresó en caja, y lo depositado en los bancos.
También los concejales colorados de la oposición, vuelven a hacer referencia las empresas que pertenecen a la familia del intendente, especialmente de la diputada zacariista Blanca Vargas de Caballero. Las mismas se tratan de KUARAHY RESE SA y DIMAFRE SA, que fueron beneficiadas por contratos directos y también licitatorios por MONTOS MILLONARIOS, lo cual constituye claramente un caso de TRÁFICO DE INFLUENCIAS por el cual EL INTENDENTE DIGNO CABALLERO DEBE SER IMPUTADO.
Leer la nota completa en Radio Concierto
